Israel Espíndola plantea creación de Ley de entrega y recepción

Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, evitar el uso indebido de los recursos, asegurar la continuidad de los servicios y proyectos públicos, así como prevenir y sancionar irregularidades, el diputado Israel Espíndola López (morena) planteó crear la Ley que establece los Procedimientos de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de México y Municipios.

El proponente explicó que su propuesta busca contar con procedimientos estandarizados, transparentes y verificables, que permitan que cada administración entregue de manera formal y documentada los activos, proyectos y compromisos asumidos, y que la administración entrante los reciba en condiciones óptimas.

“La Ley está hecha para poner fin al saqueo disfrazado de transición, para cerrar el paso a la corrupción encubierta por el cambio de administración, y para blindar el patrimonio público que no es de ningún partido, ni de ninguna persona, sino del pueblo”, aseguró.

Para contar con un Estado de México más justo, transparente y eficiente para todos sus habitantes, el legislador detalló que entre los beneficios de esta ley están el fortalecimiento de la democracia y confianza en las instituciones; evitar gastos innecesarios o pérdida de recursos por falta de seguimiento; continuidad en el desarrollo de proyectos públicos y facilitar el trabajo de la administración.

Por lo anterior, consideró que la ley debe estar bien estructurada y tener elementos como: normas claras y detalladas sobre los procedimientos de entrega recepción; un comité de transición o un ente de control que verifique que no haya irregularidades; prever auditorías y controles; así como capacitación y difusión tanto para las administraciones salientes como las entrantes.

Finalmente, puntualizó que esta propuesta garantiza un proceso más robusto, transparente y obligatorio, pues protege los intereses públicos y refuerza la confianza en el sistema de gobierno. Además, genera un marco jurídico que beneficia, tanto a las personas servidoras públicas, como a la sociedad en general, al asegurar la correcta transición y continuidad administrativa.

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