La consulta para la reforma electoral preguntará si las formaciones políticas reciben demasiado dinero y sobre los diputados plurinominales
Claudia Sheinbaum ha anunciado una encuesta para que la ciudadanía se pronuncie sobre algunos de los puntos esbozados para la reforma electoral de México, entre ellos la financiación de los partidos o los legisladores plurinominales. El proyecto presidencial plantea reducir los recursos que reciben las formaciones políticas así como eliminar los plurinominales, puestos legislativos que no tienen que pasar el beneplácito de las urnas. Ambas cuestiones mantienen en guardia a la oposición y también a los aliados del Gobierno, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde, que se han manifestado en contra de estos aspectos, porque consideran que afectarán en mayor medida a las formaciones más pequeñas. La reforma electoral precisa de mayoría calificada para salir adelante, puesto que implica una modificación constitucional, y para alcanzarla la mayoría oficialista necesita los votos de sus aliados.
Es fácil adivinar el resultado de esa encuesta, como se infiere de las propias palabras de la presidenta en la conferencia de este lunes: “La gente no quiere que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hacen falta tantos para las elecciones, ni para que estas sean democráticas”, ha dicho. Y ha vaticinado que la ciudadanía tampoco está de acuerdo con que haya tantos plurinominales de lista.
La reforma electoral, un empeño del anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador, encontró el mismo rechazo manifestado ahora y no pudo salir adelante por falta de mayoría, por lo que se aplazó. Sheinbaum la ha retomado y conoce los inconvenientes legislativos con los que puede toparse, incluidos los de sus propias filas. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ya ha manifestado algunas cuitas respecto a lo proyectado. No cree, por ejemplo, que sea bueno eliminar de cuajo a los diputados plurinominales, sino modificar el sistema para hacerlo más eficaz y acorde a los principios que lo inspiraron: llevar pluralidad a las Cámaras más allá de la representación partidaria que se obtiene en las elecciones. No es la primera vez que la presidenta ve cómo sus iniciativas chocan con el rechazo legislativo, por lo que tendrá que afinar para no recolectar un nuevo rechazo.
En ese sentido se enmarca esta encuesta ciudadana, que a buen seguro le dará la razón ampliamente. Es difícil que la población, en México y en cualquier parte del mundo, se manifieste a favor de conceder más recursos económicos para los partidos, más bien todo lo contrario. La clase política no goza de admiración popular y siempre se considera que recibe más de lo que merece e incluso que no hace buen uso de ello. Con esta encuesta, la presidenta lograría un cómodo espaldarazo a su iniciativa, que podría venderse políticamente como una reforma si no emanada del pueblo, sí con su apoyo inequívoco. Es el mismo modo de operar que ya se dio con la polémica reforma judicial, planteada antes de las elecciones como un refrendo popular si Morena lograba de nuevo la mayoría en las urnas. Así fue. Los ciudadanos también consideraban que la justicia en México debía ser reformada, puesto que todos conocen las enormes disfunciones que arrastra el sistema, plagado de irregularidades y colusiones con la política, cuando no las amenazas de grupos poderosos, entre ellos el crimen organizado.
Sheinbaum ha creado también una comisión presidencial para diseñar esta reforma electoral, un grupo de expertos que tendrá que coordinarse con legisladores, académicos, organizaciones civiles y la propia ciudadanía, de forma que se abra un debate amplio que recoja las preferencias de unos y otros en la búsqueda de un nuevo sistema electoral “que ponga al frente la democracia y el pueblo”. El objetivo es alejar el fantasma de una iniciativa impuesta por la mayoría oficialista que salga sin el consenso del resto de partidos, algo que teme la oposición y que está siendo ya muy criticado.
Al frente de esa comisión ha colocado la presidenta a uno de sus hombres de confianza, Pablo Gómez, que hasta ahora encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Gómez, que cuenta con experiencia en esta materia, será el encargado de coordinar los esfuerzos anunciados para la participación de todos previa a la reforma. Para sustituirlo en la UIF, Sheinbaum ha anunciado a Omar Reyes, otra de las personas que ya ha trabajado con ella en sus anteriores funciones de gobierno.
La presidenta está obligada a sortear con el mayor éxito posible esta reforma, de lo contrario se abrirá un frente político con la oposición, que encontrará buenas bazas cara a las elecciones de 2027. El ruido mediático que ha ocasionado la elección popular de jueces que se ha celebrado recientemente y la escasa participación con la que contó sirven ahora como muestra para tratar de hacer las cosas de otra manera. La encuesta planeada es un elemento cómodo para ganar apoyos entre la ciudadanía a la nueva reforma.
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