• By Usuarios_morena
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TOLUCA, Edomex., 5 de junio de 2025.- Con la llegada de Delfina Gómez Álvarez al poder y con el respaldo total del Congreso del Estado de México, se endurecieron las penas contra la tala clandestina, ahora se castiga con 20 años de prisión y mil 500 días de multa para quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques.

Durante la 62 Legislatura mexiquense también se aprobaron reformas para otorgar bolsas de plástico de un solo uso; regular el uso de cañones antigranizo y avionetas antilluvia; imponer trabajo comunitario a quienes reinciden en la disposición de residuos sólidos en sitios no autorizados; impulsar la educación ambiental en escuelas; garantizar el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de ecosistemas, y promover una agricultura sostenible.

E incluso para evitar desequilibrios ecológicos e impactos negativos al medio ambiente, se avaló recientemente la regulación de sistemas antigranizo, avionetas anti lluvia o cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico, cuya aplicación requerirá un permiso o, de lo contrario, habrá sanciones de hasta seis millones 222 mil 700 pesos (55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente).

El dictamen conjuntó las iniciativas de la bancada del PVEM, el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora.

Por otro lado, a propuesta de las bancadas de PVEM y MC, y de la titular del Ejecutivo estatal, se avaló una sanción de hasta 339 mil 420 pesos a quien otorgue, de forma gratuita, productos plásticos de un solo uso en unidades económicas, excluyendo bolsas o contenedores que constituyan un empaque primario, que prevengan el desperdicio de bienes o que por cuestiones de higiene o salud se requieran, así como bolsas de acarreo que cumplan las normas ambientales.

Además, quien realice estas acciones se hará acreedora o acreedor a la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los establecimientos, o la cancelación de las autorizaciones de aprovechamiento o uso de la inscripción registral o de las actividades de que se trate las personas físicas o jurídicas colectivas. 

A iniciativa de la bancada del PVEM y de la gobernadora, se avaló que las autoridades competentes sancionen con trabajo comunitario, en materia de protección y preservación del ambiente en el espacio afectado, a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos de cualquier especie en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, despoblados y, en general, en sitios no autorizados.

Asimismo, conforme a la propuesta de la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador parlamentario del PAN, respectivamente, se aprobó garantizar el derecho de las comunidades a participar en la restauración y protección de los ecosistemas, e impulsar una agricultura sostenible en los municipios, vinculando esfuerzos gubernamentales, ciudadanos y empresariales. 

Finalmente, resultado de una iniciativa del Ejecutivo, se impulsó la educación ambiental en planes escolares, y la protección de áreas naturales mediante estudios técnicos coordinados con los municipios, dependencias federales y estatales competentes, así como sectores público, privado y social.

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