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La iniciativa promete respetar los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas al Infoem.

La Consejería Jurídica presentó al Congreso local, en nombre de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, una iniciativa de ley para ajustar la Constitución y extinguir el Instituto de Transparencia de la entidad (Infoem) para que pase a formar parte del área de control interno del Poder Ejecutivo. 

La iniciativa fue presentada en el Diputación Permanente y remitida a comisiones para su análisis en los siguientes días, dejando claro que se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas al instituto y sólo las y los comisionados terminarán su encargo 90 días posteriores a la entrada en vigor del dictamen correspondiente.

¿En qué consiste la propuesta?
En la propuesta se lee que “los recursos humanos, materiales, financieros y las previsiones presupuestales, así como los registros, padrones plataformas y sistemas electrónicos del Instituto de Transparencia pasarán a formar parte de las instancias que asuman sus facultades y atribuciones, cuando corresponda”.

En los artículos transitorios da un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que se expidan y aprueben las leyes secundarias o sus reformas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como realizar las adecuaciones normativas correspondientes que permitan la implementación de este decreto.

Una vez que entre en vigor la legislación se extinguirá el Infoem en los términos que se prevean en la legislación; en el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman las funciones del Instituto a atender, ratificar o modificar los acuerdos.

En tanto, las personas comisionadas del Instituto que continúen en su cargo concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación, salvo aquellos cuya vigencia de sus nombramientos concluya previamente la entrada en vigor de dicha legislación.

Reducirán carga burocrática
Todo esto tiene como base los cambios que se hicieron a nivel nacional, la necesidad de ajustar las estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

Durante la lectura de la propuesta se dio cuenta que el objetivo es reducir significativamente la carga burocrática y hacer más eficiente el trabajo de los órganos de gobierno, logrando hacer más con menos, generando ahorros para destinarlos al combate a la pobreza y el mejoramiento del bienestar de la población.

Se prevé la extinción del órgano y el traspaso de sus funciones a las autoridades ya existentes en materia de control interno y de vigilancia, las cuales desarrollarán las actividades previstas en las leyes de la materia, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales y de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

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