A propuesta de la diputada Maricela Beltrán Sánchez, del Grupo Parlamentario MC, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura mexiquense aprobó que las personas servidoras públicas de la entidad tengan derecho a contar con un asiento o silla con respaldo y de fácil acceso, con el fin de desarrollar su jornada de trabajo de manera más confortable, reforma a la que la proponente llamó ‘Ley silla’.
En reunión de dictamen de la comisión legislativa, presidida por el legislador Ernesto Santillán Ramírez (PT), se avaló reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a fin de establecer la obligación institucional para proporcionar el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a tales personas para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral.
La parlamentaria Maricela Beltrán destacó que, a partir de este 17 de junio, entró en vigor una reforma similar para el ámbito federal, impulsada por la bancada de MC en el Congreso.
Para el diputado Ernesto Santillán la propuesta no busca beneficiar a las y los altos funcionarios o a quienes ya laboran en óptimas condiciones, sino a personas de atención al público, de limpieza, resguardo, orientación ciudadana, atención en ventanillas y otras áreas operativas, a quienes reconoció por su trabajo.
El dictamen, leído por el parlamentario Vladimir Hernández Villegas (morena), señala que, en el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas para ello, dentro del lugar de trabajo. Al respecto, el legislador explicó que esto implica que las sillas no se colocarán en el área de labor, sino en los espacios propicios que para tal efecto se designen.
También de morena, la diputada Jennifer Nathalie González López invitó a la gente a cobrar conciencia sobre sus cuerpos y la importancia de adoptar acciones que garantice su salud más allá de una silla de descanso. Mientras que la parlamentaria Brenda Colette Miranda Vargas recordó que en el sector central de la administración estatal trabajan más de 159 mil personas servidoras públicas, y apuntó que la reforma representa una inversión inteligente, pues se traduce en menos incapacidades del personal y una mejora del ambiente laboral, en pro de un servicio más eficiente y humano.
En cuanto al régimen transitorio, la reforma precisa que los poderes públicos del Estado y ayuntamientos, así como los órganos autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia, contarán con un plazo de hasta 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor de este decreto, para realizar los ajustes materiales necesarios a fin de darle cumplimiento a la reforma.
Legislación
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