En apenas un año, la presidenta Sheinbaum ha logrado dotar de irreversibilidad institucional a la política de bienestar: no se trata solo de cumplir un compromiso de campaña, sino de honrar una responsabilidad histórica. | Pedro Zenteno.
El primer año del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum ha significado algo más que la continuidad de una política social exitosa: ha marcado la consolidación de un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Los programas de bienestar, lejos de concebirse como dádivas gubernamentales o instrumentos coyunturales de política pública, se han afirmado como derechos constitucionales, es decir, como obligaciones permanentes del Estado mexicano frente a su pueblo.
Este tránsito —de la asistencia al derecho— es quizá uno de los logros más profundos del nuevo ciclo político que vive el país. Con la presidenta Sheinbaum, el bienestar deja de depender de la voluntad del gobernante en turno y se inscribe en el núcleo del orden constitucional, blindado frente a regresiones neoliberales y visiones tecnocráticas que durante décadas redujeron la política social a una administración mínima de la pobreza.
El éxito de los programas de bienestar no se agota en su dimensión presupuestal. Su alcance es jurídico, político y ético: el Estado mexicano reconoce explícitamente que adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes y sectores históricamente excluidos no son beneficiarios pasivos, sino sujetos plenos de derechos. En este sentido, la política social deja de ser caridad institucional para convertirse en justicia social constitucionalizada.
