Tras la aprobación del Plan B en Congresos locales, el siguiente paso será su publiación en el DOF.

Con el cómputo de 19 Congresos estatales que avalaron su contenido, el pleno de las cámaras de Diputados y de Senadores emitieron la declaratoria de constitucionalidad oficial de la reforma del plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con ello, quedó lista la reforma –enviada ya por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación– que recortará recursos, gastos excesivos y privilegios a los Congresos de las 32 entidades, de los municipios, del Senado, del INE y de los órganos electorales estatales.

¿Qué estados aprobaron el Plan B de Claudia Sheinbaum?

Los 19 votos aprobatorios de las legislaturas locales fueron de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México.

Se modifican los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, y se excluyó el tema de la revocación de mandato y los cambios al 35 constitucional, por la negativa del PT, aliado de Morena, por lo que no logró la mayoría calificada.

¿En qué consiste el Plan B de la reforma electoral?

En el 115 se establece un límite de una sindicatura y de entre siete y 15 regidurías en los ayuntamientos de cada municipio; en el 116, que el presupuesto anual de los congresos estatales no exceda de 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad, y en el 134, que los consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades no ganen más que la presidenta de la República.

Este artículo también establece que los funcionarios electorales no podrán adquirir o contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.

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